La Ley de Imprenta, existía en el limbo
Tenía 103 años muerta y apenas la enterrarán

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LA SERPENTINA 

POR GUILLERMO AGUIRRE 

** La Ley de Imprenta, existía en el limbo 

Tenía 103 años muerta y apenas la enterrarán 

** Finalmente se  abrogará  una ley que era  inoperante y anacrónica, no solo por lo añejo de su promulgación, sino por su falta de aplicación y consecuencia con la realidad actual 

Bueno pues finalmente ayer con  470 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó la abrogación de la Ley sobre Delitos de Imprenta promulgada por Venustiano Carranza en 1917, y digo que finalmente se animaron a oficializar algo que en la práctica ya era un hecho, los mismos diputados entre los argumentos expresados para aprobar su anulación, señalaron  que las disposiciones de esta ley, son anacrónicas y en desuso, lo cual es totalmente cierto, pero además estas disposiciones  restringen la libre expresión de ideas y opiniones, y como una vieja guillotina enmohecida, u oxidada pendían sobre la cabeza de los periodistas, criminalizando su trabajo, su actividad periodística e imponiendo la censura previa.  

Bien dice el investigador y director de la revista Etcétera, el escritor Raúl Trejo Delarbre, que La Ley de Imprenta en México no se acata casi nunca, pero tampoco se reforma ni actualiza. Se trata de una ley promulgada en 1917, suspendida en el limbo de la inutilidad y el miedo a legislar. 

La Ley de Imprenta, vigente hoy en día, mantiene los mismos resquemores que la definen desde que fue promulgada por Venustiano Carranza, en abril de 1917. Abandonada en sitios por fortuna inaccesibles en los desvanes del sistema judicial, desconocida por los editores de diarios y revistas, desatendida por casi todos. 

Lo cierto es que la Ley de Imprenta obedecía a las discordias políticas y a la debilidad de la sociedad cuando todavía no se cumplían dos décadas de este siglo. Acababa de concluir la lucha armada; el país apenas edificaba sus primeras instituciones; tribunales, partidos y prensa eran notablemente débiles cuando no inexistentes: tal era el contexto en el que surgió esa ley. Pero aun cuando se trata de un ordenamiento para una circunstancia en la que ya no vive México, la Ley de Imprenta sigue vigente, y digo que sigue vigente, porque los diputados mandarán la minuta a los senadores en espera de que ellos también aprueben la disolución de esta vieja y obsoleta ley de imprenta, una ley que es como los mandamientos divinos para algunos no creyentes, que no los acatan, casi nunca, pero tampoco pueden reformarlos, o desaparecerlos, mucho menos actualizarlos, ya que como ustedes saben, los mandamientos son como son. 

La Ley de Imprenta reconoce una prerrogativa esencial de la sociedad ante la prensa: el derecho de réplica. La rectificación que haga el aludido en un periódico tiene que publicarse al día siguiente de que se ha recibido, dice la ley, que las réplicas deben de publicarse al día siguiente de recibido el reclamo, “en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades” con que se hizo el texto cuya corrección se pretende. Esa disposición prácticamente nunca se cumple. Cuando mucho, los diarios aglomeran las rectificaciones en su sección de cartas. De cualquier forma, el principio de equidad entre la prensa y el lector que en tal sentido establece la Ley de Imprenta, ahí está. 

Pero les quiero decir que los temas más relevantes  de esa Ley, son los que se dedican  a tipificar tres clases de delitos: 

En primer lugar, se encuentran los ataques a la vida privada, entendidos, entre otras cosas, como “Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales, en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquiera otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito en su reputación o en sus intereses”. 

Es decir, esa ley no sanciona solamente delitos de prensa. Una mentada de madre en la calle, o un mensaje injurioso a través de la Internet, podrían caber en la anterior definición. Pero para que tales expresiones sean consideradas como delito, es necesario que se compruebe que el afectado ha sido expuesto “al odio, desprecio o ridículo”. Esos delitos, si causan “afrenta ante la opinión pública”, son castigados con prisión de hasta dos años y multa que puede llegar a mil pesos (hay que recordar que las sanciones pecuniarias, como el resto de la Ley, corresponden a parámetros de hace más de ochenta años). 

En segundo lugar, están los ataques a la moral. Esos son aquellas manifestaciones que, por los medios anteriormente descritos, “defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores”. También son ataques a la moral las expresiones con las que “se ultraje u ofenda públicamente el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos”. 

Con tales preceptos, siempre está abierta la posibilidad de que en la sanción de ese delito prevalezca la opinión subjetiva del juez. Las costumbres pueden ser buenas o no, decentes o indecorosas, según el discernimiento de quien las evalúe. La Ley de Imprenta no ayuda nada cuando establece cuáles son los actos considerados como impúdicos: “todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor”. 

Los ataques a la moral son castigados con arresto de hasta seis meses y multa que puede llegar a los 500 pesos. 

El tercer delito establecido en la Ley de Imprenta es el ataque al orden o a la paz pública. Por tal se entiende, entre otras expresiones, “toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; o con los que se injurie a la nación mexicana, o a las entidades políticas que la forman”. 

Los ataques al orden o la paz pública son castigados con prisión hasta de un año, si se trata de agravios de carácter general. Sin embargo, si las injurias son contra el Congreso, la Suprema Corte, el Ejército o la Armada, la prisión mínima será de 3 meses y la máxima de dos años. Si el ofendido es el Presidente de la República, la pena es de hasta un año y medio pero además hay una multa de cien a mil pesos. Si se insulta a un secretario de Estado, al Procurador General o a un gobernador, el arresto es de hasta un año y la multa de 50 a 500 pesos. 

El tabulador de vituperios incluye multas de hasta 200 pesos con arresto de no más de tres meses a quien injurie a un agente o funcionario público. Es decir, sale más barato insultar al policía de la esquina que a un secretario de Estado y una afrenta al Congreso no cuesta dinero, pero la prisión puede ser hasta de dos años. 

La Ley de Imprenta, con preceptos como ésos, es una fuente de represalias potenciales contra la libertad de información y opinión. Si la arcaica concepción que propone como moral pública se cumpliera, muchos diarios y revistas tendrían que dejar de circular, o suprimir expresiones a veces juguetonas, fotografías que llegan a ser gozosamente perturbadoras y hasta ciertos espacios ahora de moda en el Aviso de Ocasión. Si se defendiera la idea de orden público allí establecida, serían censurados muchos comentaristas que hacen de la malicia un estilo o un recurso y, desde luego, serían abrogadas las caricaturas políticas.  

En fin, de acuerdo con el proyecto turnado al Senado de la República para su análisis y ratificación, los diputados federales concluyeron que la Ley sobre Delitos de Imprenta “no tiene cabida ya en nuestro orden jurídico, por tratarse de normas que restringen injustificadamente el ejercicio de libertades fundamentales para el Estado de Derecho”. La legislación vigente desde hace 103 años consta de 36 artículos. 

“La Ley sobre Delitos de Imprenta es una disposición inoperante y anacrónica, no solo por lo añejo de su promulgación, sino por su falta de aplicación y consecuencia con la realidad actual”, señala el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación en el Palacio de San Lázaro, argumento con el que estamos plenamente de acuerdo…hasta mañana 


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